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Utensilios o la irresponsabilidad de la política

En: The Clinic

Fecha: 2020-12-02

Autor: Lucía Dammert

Las palabras tienen un poder fundamental. Se pueden crear realidades a partir de frases o palabras que utilizadas de forma específica consolidan imágenes o emociones de temor, ansiedad, sorpresa o entusiasmo.  Hoy, cuando hablamos de las vacunas contra la covid-19 es muy probable que incluir palabras como “preocupante” o “parcial” o “avance” generen, frente al mismo hecho, reacciones sociales completamente distintas. 

No hay que ser genio o experto en comunicación para entender que los énfasis son clave para generar respuestas e interpretaciones. Esto es mucho más complejo cuando los temas de análisis son la (in)seguridad, dado que es una de las áreas que más ansiedad genera entre la población y ante la cual se despiertan las emociones más básicas. La política tiene una enorme responsabilidad a la hora de comunicar, informar y responder frente a hechos de violencia que pueden generar desde normalizaciones hasta pedidos de pena de muerte. 

Tal vez es mucho pedir responsabilidad en el lenguaje sobre la seguridad que, por décadas, ha sido utilizado como un recurso político electoral que desde ambos lados del espectro político ha traído resultados.  Las “olas de violencia” que generan los migrantes, el “aumento de la criminalidad que generó la reforma procesal penal” o “el positivo impacto de los controles de identidad” son sólo tres ejemplos. 

Por eso, lo ocurrido cuando se descubrió que un grupo de ultraderecha se había organizado para amenazar de muerte a la fiscal Ximena Chong, a cargo de múltiples denuncias por violaciones de derechos humanos y reconocida en las últimas semanas por su participación en el caso del joven “lanzado” al río Mapocho por parte de un funcionario de carabineros de Chile, es de extrema gravedad.  

Luego de una rápida investigación de la PDI se encontró a ocho personas, que se organizaron para amenazar directamente a la fiscal Chong, y en su poder se descubrieron una subametralladora Uzi, ropa de camuflaje, armas de fogueo, escudos, casos y otra indumentaria para generar amenazas y, por ende, violencia. Es decir un grupo radicalizado de extrema derecha que decidió que la justicia está en sus manos, y que, seguramente, han sido privilegiados porque su identidad nunca ha sido consultada, no han sido investigados por “portación de rostro”, ni puestos en listas de peligro por sus inusuales fotos y videos que alaban la violencia en algunas redes sociales. 

“Tal vez es mucho pedir responsabilidad en el lenguaje sobre la seguridad que, por décadas, ha sido utilizado como un recurso político electoral que desde ambos lados del espectro político ha traído resultados”.

Nada peor que el sentido de tener el “derecho” a hacer lo que uno quiere, a saber que uno es casi intocable, que los abogados personales saldrán con explicaciones oblicuas, que nadie duda  que sus intenciones no eran criminales, sino que se pasaron de “idiotas” por usar sus propios autos o de frustrados por el resultado del plebiscito. Bueno sí, algo peor es que todas esas cosas pasaron y reafirmaron que en Chile la cuna no sólo trae todo tipo de beneficios sino también de impunidades. 

En este marco, la declaración del subsecretario del Interior ,cuando en una entrevista en la radio Cooperativa, dice “los utensilios que tenían no eran de gran importancia, salvo esta subametralladora Uzi” permiten definir dos hipótesis explicativas. Primero, se negó a decir armas justamente para bajar el perfil a un hecho claramente grave. Dudo que la primera palabra que se le pueda ocurrir a un actor clave de las políticas de seguridadno sea armamento o armas o daño o terrorismo; sobre todo por que las ha usado en otras muchas ocasiones, cuando no hubo amenazas directas y mucho menos una subametralladora presente. Segundo, realmente no cree que estamos frente a un fenómeno complejo de radicalización de la ultraderecha que motivada por la frustración por la victoria del apruebo, considera que sus propiedades, sus privilegios, su modelo están puestos en peligro. 

En cualquier caso, una enorme equivocación por parte del subsecretario y los utensilios; el gobierno y la querella que no invoca la Ley de Seguridad del Estado y una parte de la derecha política que no deslinda tajantemente con estas prácticas. 

No olvidemos que el ex ministro Pérez dijo sobre la fiscal “se lo hemos dicho, yo personalmente se lo he dicho, que carece de objetividad muchas veces. Pero ella es una persona, una fiscal, que hay que respetarla y nadie puede amenazar a otro en Chile”. 

Más directo fue el senador de la UDI, Ivan Moreira, que afirmó: “cuando uno hace política como fiscal, es sin llorar. Se expone a este tipo de cosas. Nadie va a aplaudir que haya una amenaza, pero no nos vengamos a hacer las víctimas”.

La radicalización de grupos de extrema derecha no es un tema que debamos naturalizar, banalizar o minimizar. En el mundo entero está cada día más claro que son estos colectivos los principales promotores de ataques de odio, violencia armada y amenazas permanentes contra todo lo que pueda significar diferencia en la forma de pensar. Acostumbrados a privilegios de cuna o a una autopercepción que los coloca como víctimas de las minorías, se constituyen en grupos anónimos, o incluso abiertos, que hacen de la apología de la violencia un mantra. 

Nuestras desiguales sociedades están demasiado acostumbradas a la desigualdad a todo nivel. Nuestro lenguaje termina jugando un rol de justificación, cuando a las viviendas sociales las llamamos soluciones habitacionales, cuando a la violencia policial la catalogamos como excesos individuales, cuando a la dictadura la llamamos gobierno militar y mil otros ejemplos que nos muestran de cuerpo entero. 

Esta vez se cruzó un límite de desigualdad preocupante e inaceptable, porque cuando alguien aparezca muerto por un “utensilio” no serán pocos los que considerarán que fue un accidente menor, resultado de una confusión o de un estado psicológico de trauma. 

La irresponsabilidad del lenguaje, esta vez, es espejo de la irresponsabilidad política, que en temas de seguridad, nos acompaña hace mucho tiempo.

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Charlas

Foro: La crisis en Carabineros, ¿Cómo avanzar?

Medio: Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Temuco (FEUCT)

Fecha: 2020-11-23

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Entrevistas

“Si no hay un anuncio concreto en las próximas horas, este es un cambio de nombre que solo permite ganar unos meses, hasta el próximo escándalo”

En: CIPER Chile

Fecha: 2020-11-20

Autor: Marcela Ramos

Lucía Dammert, investigadora del NUMAAP y especialista en temas policiales y de seguridad, ha sido una de las voces más críticas de la actuación de Carabineros desde el 18/O y de la autoridad política que mantuvo al general Mario Rozas. Estima que si el nuevo director Ricardo Yáñez realmente trae una agenda de cambios debería transmitir pronto la idea de que la reforma policial es buena para su institución, que Carabineros necesita repensarse. Debiera expresar la idea de que “el país ha cambiado y nosotros necesitamos cambiar”, lo que implica “salir de la lógica de la autoprotección” que ha dominado el discurso institucional hasta ahora.

¿Cambiará en algo la crisis de Carabineros con la salida de Mario Rozas, su ex general director? Lucía Dammert, experta en seguridad y violencia policial, cree que no.

Su pesimismo se fundamenta en cuatro señales recientes que dan cuenta de problemas estructurales: las palabras de respaldo que entregó el presidente Sebastián Piñera a Rozas al momento de anunciar su salida, sin hacer ninguna mención a la gran cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos que la institución acumuló durante la gestión de Rozas; la falta de una agenda de reformas policiales claras, por parte del recién llegado Ministro del Interior Rodrigo Delgado; y la ausencia de un cuestionamiento enfático, consistente, de los partidos opositores “más allá de unos twitter” respecto al accionar de la policía. Por último Dammert destaca que permanece indemne el poder comunicacional de la institución (ver columna Construyendo y destruyendo la legitimidad policial). Por todo esto, tras la salida de Rozas, la policía sigue siendo tan poderosa como antes y, por lo tanto, capaz de resistirse a los cambios que se requieren.

En esta entrevista Dammert analiza ese poder (comunicacional, institucional, político) y plantea que el problema policial que vemos en Chile se extiende a muchos países de la región (democracias neoliberales, fundamentalmente) pues el Estado se ha retirado de áreas clave vinculadas con el bienestar y la vida de las personas, dejando en manos de las policías muchas más tareas que la seguridad pública, lo que ha acrecentado su influencia.

-¿Cómo analizas la salida del general Rozas?

-Bueno, llegamos a un punto en el que Rozas era insostenible, pero porque ya había pasado demasiado tiempo y se habían cambiado tres ministros de interior. En un primer momento mi impresión es que se esperó que estuviera el ministro Delgado para tomar esta decisión, y así se hacía sentir una especie de cambio de mano. Pero ahí viene otro hecho que sorprende, porque es el Presidente el que sale y le agradece a Rozas. Recientemente, cuando se anunció la salida del defensor nacional, éste simplemente fue notificado por el ministro de Justicia. Sin embargo, cuando se va el jefe de la policía el nivel de reconocimiento es bien llamativo, y esto es parte del problema que tenemos. Digo, llama la atención, porque en una democracia normal, y esto no quiere decir que uno no esté agradecido de sus funcionarios policiales, pero en una democracia normal al jefe de la policía lo despide el ministro.

-¿Cómo explicas este reconocimiento que le hace Piñera?, tomando en cuenta que el día anterior dos niños fueron baleados por la policía; a comienzos de esta semana tres integrantes de la Prefectura Santiago Norte fueron detenidos y desvinculados por irregularidades administrativas y otros delitos; y hay 419 carabineros investigados por el Ministerio Público por supuestas violaciones a los derechos humanos. ¿Hay una deuda implícita con la policía?

-Es difícil saber, pero la realidad me sugiere cuatro elementos. Primero, que estamos entrando en un año electoral y al presidente y a su coalición no les gusta quedar como los que pelean con la policía y le quitan poder. Segundo, parte importante del accionar del gobierno se está apoyando en la policía ya sea en temas sanitarios, de control del orden público y de seguridad. Eso los lleva a no aumentar el conflicto con la máxima jerarquía. Tercero, porque no hay una oposición política que haya tenido la capacidad de instalar una barrera en lo que se puede y no se puede hacer con el tema policial, entonces el presidente se permite el lujo de despedirlo con honores, a pesar de todo. Cuarto, y esto creo que es tal vez lo más dramático, es que probablemente el gobierno no tiene mucha idea de cómo llevar adelante el enorme cambio que requiere carabineros. Entonces, ante la ignorancia adoptan políticas de hechos consumados y  simplemente reconocen el trabajo policial.

-¿Crees que cambia algo con la llegada del nuevo general director Ricardo Yáñez, ex subdirector y jefe de orden y seguridad desde que comenzó el estallido social?

-Démosle el beneficio de la duda. Pero si no pasa nada en las próximas 24 horas, tanto por parte del ministro del Interior, que es el encargado de tomar decisiones, o por parte del general director, la verdad es que será un cambio de rostro pues la cultura institucional sigue siendo la misma. Además, por lo que dijo el presidente, parece claro que hay una decisión del Segundo Piso de La Moneda de no aumentar los niveles de fragilidad institucional. Por ello, creo que es un cambio de nombre que nos permite ganar unos meses, hasta el próximo escándalo. Este gobierno ha ido en una lógica bastante pendular con relación a Carabineros: el ministro Gonzalo Blumel en su momento habló de reforma, luego el ministro Víctor Pérez volvió a la idea de modernización y apoyo total a la policía y ahora el ministro Delgado no ha sido muy claro en qué lado del péndulo está. Pero en ese movimiento pendular de la política al final la policía se sienta a mirar y recuerda el dicho aquel de que los políticos pasan y los generales quedan.

-¿Qué debiera pasar en estas 24 horas?

-Apenas se cambia el general director, para mostrar un cambio de rumbo, el ministro de Interior podría abrir una mesa específica para ciertos temas que no han sido tratados: entrenamiento, capacitación, seguridad privada, disciplina; mesas específicas de trabajo, donde participe la sociedad civil, las organizaciones, los expertos y la policía. El ministro también podría pedir retirar las propuestas de cambio de Carabineros que hay hoy en discusión en el Congreso y que son, a vista de todos los expertos, insuficientes; y hacerse cargo de limitar las capacidades comunicacionales de las policías que, en el fondo, han seguido avanzando como si nada hubiera pasado. Limitar ese poder comunicacional sería algo que se notaría muy rápidamente. Por otro lado, el nuevo general director tiene que dar señales en dos niveles: la primera sería transmitir las ideas de que “una reforma policial es buena para nosotros”, que “necesitamos repensarnos como institución” y que “el país ha cambiado y nosotros necesitamos cambiar”. Salir de la lógica de la autoprotección y abrir el espacio a la reflexión. Otra señal que debería dar es generar un espacio de conversación con la suboficialidad, pues nadie sabe lo que piensan, es una interrogante.

LA POLICÍA Y EL RETIRO DEL ESTADO

-Este año hemos visto que, en Perú, Colombia y Chile, la gente sale a protestar y los gobiernos responden enviando policías para controlar y reprimir. Pero las protestas no cesan. Al revés, aumentan. Es decir, las policías no están siendo efectivas en sus tareas de control.

-Así es.

-¿Cuál es la explicación de eso? Una posibilidad es que en sociedades desiguales, golpeadas por distintas crisis, las policías ya no pueden garantizar el orden. También puede ser que las nuevas generaciones que salen a las calles ya no le temen a las policías…

-Hay varias cosas. Uno es que la policía latinoamericana está mucho más preparada para controlar las marchas tradicionales, las organizadas por los sindicatos, por los partidos políticos, donde había, digamos, capacidad de dialogo con algún organizador y además donde el uso de la violencia generaba repliegue. Pero las marchas actuales no tienen un líder tan evidente y el uso de la violencia aumenta la violencia, lo que es una cosa absolutamente novedosa para ellos. ¿Por qué? Porque la gente joven tiene una visión respecto de la autoridad totalmente distinta. Kathya Araujo elabora sobre ese tema… El punto es que, para las generaciones anteriores, marcadas por la guerra en Colombia, el terrorismo en Perú, la dictadura en Chile, enfrentarse a la policía era imposible, porque uno no sabía lo que iba a pasar, había un respeto a esa autoridad, un temor. En cambio, ahora la autoridad no te la da el hecho que tengas una pistola en el cuerpo. En los tres países que mencionas, los jóvenes corren hacía la policía, no arrancan de ella. La policía no está acostumbrada a eso, no entienden lo que está pasando. Siguen ejerciendo su autoridad como autoritarismo y eso despierta más protesta: es una espiral perfecta, la violencia se empieza a desperdigar como el Covid, exponencialmente.

-Parece que tampoco los gobiernos entienden lo que está pasando. En el caso chileno la política ha sido seguir confiando en las estrategias y decisiones de Carabineros para controlar el orden público…

-Creo que no tienen gente capacitada para entender estos fenómenos y al final la explicación que escuchan es la que está centrada en las tácticas y estrategias policiales más que en resolver temas políticos. Pero una marcha no es un tema policial. Entonces lo que hemos visto en los últimos meses, -y se ve en Estados Unidos también- es que la policía tiene que revisitar su formación, su organización y la forma en que enfrenta las marchas; pero también la política tiene que revisarse.  Y esto va de la mano con lo que pasó en el SENAME el miércoles. Porque también el Estado se ha ido retirando de un montón de actividades y la policía ha ido ganando esas tareas. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayor cantidad de gente que es muerta por la policía son personas que tienen problemas de salud mental, pero como no hay programas públicos para atenderlos, la policía es la que se hace cargo. Entonces, el retiro del Estado lleva un poco también a policializar la respuesta y eso es malo.

-En una columna planteaste que un elemento central del poder de Carabineros en Chile es su potencia comunicacional y la responsabilidad que tenemos en eso los medios y el periodismo…

-Sí, yo creo que lo que hay es una cobertura de temas policiales que es bastante prefabricada. Es decir, las noticias policiales son noticias con cámaras policiales, con declaraciones de policías, con una sola mirada sobre lo que pasó, con una arquitectura de la noticia totalmente diseñada desde la visión policial, entonces claro, eso ayuda a los medios de comunicación a tener primicias, a tener casos de alto rating, pero inhibe la mirada más crítica sobre las mismas coberturas. Entonces Carabineros no solo tiene una súper radio, sino que han tenido enorme capacidad comunicacional y una impecable estrategia internacional, que nos cuesta a todos los chilenos.

-¿Cuál es la estrategia internacional?      

-La presencia en ciertos países, la cobertura con agregados, la visión internacional y la importancia que logran tener en América Latina, donde son una de las policías más prestigiosas, junto a la policía colombiana (ver columna El lado oscuro de las dos policías ejemplares de Latinoamérica)

-Hablemos de los aspectos policiales en los que Carabineros no lo está haciendo bien. Según el Informe 2020 del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional, Chile se ubica en los primeros lugares de embarque de cocaína con destino a Europa, Estados Unidos y Oceanía. También sabemos que, en algunas poblaciones, en el marco del estallido social, fueron los narcos los que entregaron protección, repartieron alimentos y parecen haber penetrado en el nivel municipal. Por otra parte, tenemos una policía involucrada en importantes actos de corrupción. La mezcla parece explosiva. ¿Crees que nos podemos transformar en Colombia o México en 5 años más?

-Diría que los mercados ilegales identifican zonas de paz y de violencia y me da la idea que Chile, por estar tan lejos del lugar donde se comercia la droga, no va a ser una zona donde van a quedar los muertos, como pasa en México o Centroamérica. Lo que sí puede ser es que Chile sea el lugar donde está el dinero de la droga… Ahora, si este es un país por el cual está saliendo mucha droga para Europa y EEUU, bueno eso da cuenta de tres cosas: primero, que la inteligencia policial es muy mala y no logramos enfrentar qué está pasando con esa droga que entra y sale del país. Segundo, que tenemos serios problemas en los puertos y eso no está siendo efectivamente investigado ni intervenido. Tercero, que hay miles de millones de dólares que tienen que ser licuados en el mundo del negocio, en el mundo legal, que tampoco logran ser identificados. Estas tres cosas son complejas tomando en cuenta que los casos de lavado son muy poquitos, los millonarios en la cárcel son muy poquitos y sin embargo todos los estimados de la cantidad de droga que se mueve y se vende en el país son gigantes. Además, todo eso ocurre mientras la policía sigue llenando las cárceles de vendedores de gramos de cocaína, una dicotomía que es bien compleja.

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Entrevistas

Lucía Dammert: «El país no merece estas prácticas»

Medio: Súbela Radio

Fecha: 2020-10-05