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“Si no hay un anuncio concreto en las próximas horas, este es un cambio de nombre que solo permite ganar unos meses, hasta el próximo escándalo”

En: CIPER Chile

Fecha: 2020-11-20

Autor: Marcela Ramos

Lucía Dammert, investigadora del NUMAAP y especialista en temas policiales y de seguridad, ha sido una de las voces más críticas de la actuación de Carabineros desde el 18/O y de la autoridad política que mantuvo al general Mario Rozas. Estima que si el nuevo director Ricardo Yáñez realmente trae una agenda de cambios debería transmitir pronto la idea de que la reforma policial es buena para su institución, que Carabineros necesita repensarse. Debiera expresar la idea de que “el país ha cambiado y nosotros necesitamos cambiar”, lo que implica “salir de la lógica de la autoprotección” que ha dominado el discurso institucional hasta ahora.

¿Cambiará en algo la crisis de Carabineros con la salida de Mario Rozas, su ex general director? Lucía Dammert, experta en seguridad y violencia policial, cree que no.

Su pesimismo se fundamenta en cuatro señales recientes que dan cuenta de problemas estructurales: las palabras de respaldo que entregó el presidente Sebastián Piñera a Rozas al momento de anunciar su salida, sin hacer ninguna mención a la gran cantidad de denuncias de violaciones a los derechos humanos que la institución acumuló durante la gestión de Rozas; la falta de una agenda de reformas policiales claras, por parte del recién llegado Ministro del Interior Rodrigo Delgado; y la ausencia de un cuestionamiento enfático, consistente, de los partidos opositores “más allá de unos twitter” respecto al accionar de la policía. Por último Dammert destaca que permanece indemne el poder comunicacional de la institución (ver columna Construyendo y destruyendo la legitimidad policial). Por todo esto, tras la salida de Rozas, la policía sigue siendo tan poderosa como antes y, por lo tanto, capaz de resistirse a los cambios que se requieren.

En esta entrevista Dammert analiza ese poder (comunicacional, institucional, político) y plantea que el problema policial que vemos en Chile se extiende a muchos países de la región (democracias neoliberales, fundamentalmente) pues el Estado se ha retirado de áreas clave vinculadas con el bienestar y la vida de las personas, dejando en manos de las policías muchas más tareas que la seguridad pública, lo que ha acrecentado su influencia.

-¿Cómo analizas la salida del general Rozas?

-Bueno, llegamos a un punto en el que Rozas era insostenible, pero porque ya había pasado demasiado tiempo y se habían cambiado tres ministros de interior. En un primer momento mi impresión es que se esperó que estuviera el ministro Delgado para tomar esta decisión, y así se hacía sentir una especie de cambio de mano. Pero ahí viene otro hecho que sorprende, porque es el Presidente el que sale y le agradece a Rozas. Recientemente, cuando se anunció la salida del defensor nacional, éste simplemente fue notificado por el ministro de Justicia. Sin embargo, cuando se va el jefe de la policía el nivel de reconocimiento es bien llamativo, y esto es parte del problema que tenemos. Digo, llama la atención, porque en una democracia normal, y esto no quiere decir que uno no esté agradecido de sus funcionarios policiales, pero en una democracia normal al jefe de la policía lo despide el ministro.

-¿Cómo explicas este reconocimiento que le hace Piñera?, tomando en cuenta que el día anterior dos niños fueron baleados por la policía; a comienzos de esta semana tres integrantes de la Prefectura Santiago Norte fueron detenidos y desvinculados por irregularidades administrativas y otros delitos; y hay 419 carabineros investigados por el Ministerio Público por supuestas violaciones a los derechos humanos. ¿Hay una deuda implícita con la policía?

-Es difícil saber, pero la realidad me sugiere cuatro elementos. Primero, que estamos entrando en un año electoral y al presidente y a su coalición no les gusta quedar como los que pelean con la policía y le quitan poder. Segundo, parte importante del accionar del gobierno se está apoyando en la policía ya sea en temas sanitarios, de control del orden público y de seguridad. Eso los lleva a no aumentar el conflicto con la máxima jerarquía. Tercero, porque no hay una oposición política que haya tenido la capacidad de instalar una barrera en lo que se puede y no se puede hacer con el tema policial, entonces el presidente se permite el lujo de despedirlo con honores, a pesar de todo. Cuarto, y esto creo que es tal vez lo más dramático, es que probablemente el gobierno no tiene mucha idea de cómo llevar adelante el enorme cambio que requiere carabineros. Entonces, ante la ignorancia adoptan políticas de hechos consumados y  simplemente reconocen el trabajo policial.

-¿Crees que cambia algo con la llegada del nuevo general director Ricardo Yáñez, ex subdirector y jefe de orden y seguridad desde que comenzó el estallido social?

-Démosle el beneficio de la duda. Pero si no pasa nada en las próximas 24 horas, tanto por parte del ministro del Interior, que es el encargado de tomar decisiones, o por parte del general director, la verdad es que será un cambio de rostro pues la cultura institucional sigue siendo la misma. Además, por lo que dijo el presidente, parece claro que hay una decisión del Segundo Piso de La Moneda de no aumentar los niveles de fragilidad institucional. Por ello, creo que es un cambio de nombre que nos permite ganar unos meses, hasta el próximo escándalo. Este gobierno ha ido en una lógica bastante pendular con relación a Carabineros: el ministro Gonzalo Blumel en su momento habló de reforma, luego el ministro Víctor Pérez volvió a la idea de modernización y apoyo total a la policía y ahora el ministro Delgado no ha sido muy claro en qué lado del péndulo está. Pero en ese movimiento pendular de la política al final la policía se sienta a mirar y recuerda el dicho aquel de que los políticos pasan y los generales quedan.

-¿Qué debiera pasar en estas 24 horas?

-Apenas se cambia el general director, para mostrar un cambio de rumbo, el ministro de Interior podría abrir una mesa específica para ciertos temas que no han sido tratados: entrenamiento, capacitación, seguridad privada, disciplina; mesas específicas de trabajo, donde participe la sociedad civil, las organizaciones, los expertos y la policía. El ministro también podría pedir retirar las propuestas de cambio de Carabineros que hay hoy en discusión en el Congreso y que son, a vista de todos los expertos, insuficientes; y hacerse cargo de limitar las capacidades comunicacionales de las policías que, en el fondo, han seguido avanzando como si nada hubiera pasado. Limitar ese poder comunicacional sería algo que se notaría muy rápidamente. Por otro lado, el nuevo general director tiene que dar señales en dos niveles: la primera sería transmitir las ideas de que “una reforma policial es buena para nosotros”, que “necesitamos repensarnos como institución” y que “el país ha cambiado y nosotros necesitamos cambiar”. Salir de la lógica de la autoprotección y abrir el espacio a la reflexión. Otra señal que debería dar es generar un espacio de conversación con la suboficialidad, pues nadie sabe lo que piensan, es una interrogante.

LA POLICÍA Y EL RETIRO DEL ESTADO

-Este año hemos visto que, en Perú, Colombia y Chile, la gente sale a protestar y los gobiernos responden enviando policías para controlar y reprimir. Pero las protestas no cesan. Al revés, aumentan. Es decir, las policías no están siendo efectivas en sus tareas de control.

-Así es.

-¿Cuál es la explicación de eso? Una posibilidad es que en sociedades desiguales, golpeadas por distintas crisis, las policías ya no pueden garantizar el orden. También puede ser que las nuevas generaciones que salen a las calles ya no le temen a las policías…

-Hay varias cosas. Uno es que la policía latinoamericana está mucho más preparada para controlar las marchas tradicionales, las organizadas por los sindicatos, por los partidos políticos, donde había, digamos, capacidad de dialogo con algún organizador y además donde el uso de la violencia generaba repliegue. Pero las marchas actuales no tienen un líder tan evidente y el uso de la violencia aumenta la violencia, lo que es una cosa absolutamente novedosa para ellos. ¿Por qué? Porque la gente joven tiene una visión respecto de la autoridad totalmente distinta. Kathya Araujo elabora sobre ese tema… El punto es que, para las generaciones anteriores, marcadas por la guerra en Colombia, el terrorismo en Perú, la dictadura en Chile, enfrentarse a la policía era imposible, porque uno no sabía lo que iba a pasar, había un respeto a esa autoridad, un temor. En cambio, ahora la autoridad no te la da el hecho que tengas una pistola en el cuerpo. En los tres países que mencionas, los jóvenes corren hacía la policía, no arrancan de ella. La policía no está acostumbrada a eso, no entienden lo que está pasando. Siguen ejerciendo su autoridad como autoritarismo y eso despierta más protesta: es una espiral perfecta, la violencia se empieza a desperdigar como el Covid, exponencialmente.

-Parece que tampoco los gobiernos entienden lo que está pasando. En el caso chileno la política ha sido seguir confiando en las estrategias y decisiones de Carabineros para controlar el orden público…

-Creo que no tienen gente capacitada para entender estos fenómenos y al final la explicación que escuchan es la que está centrada en las tácticas y estrategias policiales más que en resolver temas políticos. Pero una marcha no es un tema policial. Entonces lo que hemos visto en los últimos meses, -y se ve en Estados Unidos también- es que la policía tiene que revisitar su formación, su organización y la forma en que enfrenta las marchas; pero también la política tiene que revisarse.  Y esto va de la mano con lo que pasó en el SENAME el miércoles. Porque también el Estado se ha ido retirando de un montón de actividades y la policía ha ido ganando esas tareas. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayor cantidad de gente que es muerta por la policía son personas que tienen problemas de salud mental, pero como no hay programas públicos para atenderlos, la policía es la que se hace cargo. Entonces, el retiro del Estado lleva un poco también a policializar la respuesta y eso es malo.

-En una columna planteaste que un elemento central del poder de Carabineros en Chile es su potencia comunicacional y la responsabilidad que tenemos en eso los medios y el periodismo…

-Sí, yo creo que lo que hay es una cobertura de temas policiales que es bastante prefabricada. Es decir, las noticias policiales son noticias con cámaras policiales, con declaraciones de policías, con una sola mirada sobre lo que pasó, con una arquitectura de la noticia totalmente diseñada desde la visión policial, entonces claro, eso ayuda a los medios de comunicación a tener primicias, a tener casos de alto rating, pero inhibe la mirada más crítica sobre las mismas coberturas. Entonces Carabineros no solo tiene una súper radio, sino que han tenido enorme capacidad comunicacional y una impecable estrategia internacional, que nos cuesta a todos los chilenos.

-¿Cuál es la estrategia internacional?      

-La presencia en ciertos países, la cobertura con agregados, la visión internacional y la importancia que logran tener en América Latina, donde son una de las policías más prestigiosas, junto a la policía colombiana (ver columna El lado oscuro de las dos policías ejemplares de Latinoamérica)

-Hablemos de los aspectos policiales en los que Carabineros no lo está haciendo bien. Según el Informe 2020 del Observatorio del Narcotráfico de la Fiscalía Nacional, Chile se ubica en los primeros lugares de embarque de cocaína con destino a Europa, Estados Unidos y Oceanía. También sabemos que, en algunas poblaciones, en el marco del estallido social, fueron los narcos los que entregaron protección, repartieron alimentos y parecen haber penetrado en el nivel municipal. Por otra parte, tenemos una policía involucrada en importantes actos de corrupción. La mezcla parece explosiva. ¿Crees que nos podemos transformar en Colombia o México en 5 años más?

-Diría que los mercados ilegales identifican zonas de paz y de violencia y me da la idea que Chile, por estar tan lejos del lugar donde se comercia la droga, no va a ser una zona donde van a quedar los muertos, como pasa en México o Centroamérica. Lo que sí puede ser es que Chile sea el lugar donde está el dinero de la droga… Ahora, si este es un país por el cual está saliendo mucha droga para Europa y EEUU, bueno eso da cuenta de tres cosas: primero, que la inteligencia policial es muy mala y no logramos enfrentar qué está pasando con esa droga que entra y sale del país. Segundo, que tenemos serios problemas en los puertos y eso no está siendo efectivamente investigado ni intervenido. Tercero, que hay miles de millones de dólares que tienen que ser licuados en el mundo del negocio, en el mundo legal, que tampoco logran ser identificados. Estas tres cosas son complejas tomando en cuenta que los casos de lavado son muy poquitos, los millonarios en la cárcel son muy poquitos y sin embargo todos los estimados de la cantidad de droga que se mueve y se vende en el país son gigantes. Además, todo eso ocurre mientras la policía sigue llenando las cárceles de vendedores de gramos de cocaína, una dicotomía que es bien compleja.

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¿Orden público o derechos humanos?: falsa dicotomía del debate político en Chile

En: La Daria

Fecha: 2020-08-03

Autor: Lucía Dammert

La regulación actual habilita la represión de la protesta social y legitima las detenciones masivas.

El uso de la fuerza policial contra la protesta social, habilitada por una normativa que la ampara, ha sido una constante en Chile, explica en este artículo Lucía Dammert, profesora titular del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile. Se ha instalado en la opinión pública la idea de que es necesario “mantener el orden público” aun a costa del no respeto a los derechos humanos, y que son admisibles los “daños colaterales”. En este proceso, la relación de la ciudadanía con Carabineros de Chile se ha deteriorado y se profundizan el conflicto y la polarización.


La democracia chilena ha tenido una relación compleja con el derecho a la protesta.1 Desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet en 1990, el proceso de transición, centrado en la búsqueda de mecanismos para evitar la confrontación, mantuvo un decreto supremo que regula el derecho a la reunión en los bienes nacionales de uso público. Es decir, la regulación deja un espacio abierto para permitir o no una marcha, manifestación o demostración. Por más de tres décadas, aquellos interesados en demostrar su descontento tienen que negociar los horarios, rutas y formas como se realizaría; de lo contrario, la respuesta policial es inclemente.

Las cosas empezaron a cambiar en 2006 con el movimiento de estudiantes secundarios llamados “pingüinos”, que tomaron centros educativos y mostraron la necesidad de cambios profundos en la infraestructura escolar, pero también en el rol del Estado en la educación. Las tomas de los colegios emblemáticos (aquellos históricamente considerados de mejor educación pública y con alta politización estudiantil) se convirtió en una metodología de protesta cotidiana que fue enfrentada con múltiples respuestas policiales represivas.

Para 2011, los movimientos sociales organizados alrededor de los estudiantes, ambientalistas, mineros, feministas y pueblos originarios tomaron nuevamente las calles y desarrollaron procesos de protesta que establecieron una agenda de transformaciones estructurales que posteriormente llevarían a Michelle Bachelet por segunda vez a la presidencia de la República. La debilidad política de un gobierno de coalición con una amplia variedad de opiniones, así como la cerrada oposición de la coalición de derecha, limitó muchas de las propuestas. En octubre de 2019, la acumulación de múltiples descontentos y frustraciones con la clase política y económica del país detonó en un estallido social que ha puesto en jaque al gobierno y a la elite política en su totalidad.2

Si bien los diversos momentos de protesta tienen características específicas que requieren ser analizadas con más detalle,3 un elemento es común: la represión policial utilizada para contenerla. La regulación actual permite confundir manifestantes pacíficos e incluso transeúntes con aquellos que podrían estar realizando desórdenes públicos, lo que legitima las detenciones masivas, así como la utilización de agua con químicos y bombas lacrimógenas como elementos disuasivos iniciales destinados a cualquiera que esté en el espacio público.

«La regulación actual permite confundir manifestantes pacíficos e incluso transeúntes con aquellos que podrían estar realizando desórdenes públicos, lo que legitima las detenciones masivas».

El uso de la fuerza policial ha sido una constante en Chile. En los últimos 30 años se han aumentado las facultades policiales, así como la dotación y el presupuesto institucional. Todos los gobiernos, de derecha y de centroizquierda, han asumido que el principal problema para mantener el orden público es de orden legal, es decir, la supuesta imposibilidad que tendría la policía (Carabineros de Chile) para actuar con rapidez y efectividad. Esta receta no ha mostrado resultados relevantes, pero consolidó una rutina de represión y violencia constante contra diversos tipos de protesta.

Una de las facultades entregadas a la policía es el control de identidad, es decir, la posibilidad de controlar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías o lugares públicos y en lugares privados de acceso público sin estar necesariamente vinculado con hechos delictuales o situaciones especialmente complejas. Es una herramienta solicitada para aumentar la eficiencia en la prevención y el control del delito, pero en realidad ha generado una práctica negativa y concentrada en grupos específicos de la población. 3,1 y 4,8 millones de personas pasaron por estos controles de identidad en 2017 y 2018, respectivamente, y en 90% de los casos fue por motivos preventivos. Es decir, se castiga el “porte de rostro” o la vinculación con características que la policía, de forma discrecional, define como peligrosas.

Enfrentamiento entre Carabineros y manifestantes, el 24 de febrero en Viña del Mar.

La relación entre la ciudadanía, especialmente los jóvenes de sectores populares, y Carabineros de Chile se viene deteriorando sostenidamente en los últimos años. Las constantes acciones represivas en sus barrios, los controles de identidad, la violencia utilizada en múltiples operativos y el general uso de la fuerza para establecer su vinculación con este grupo de la población han generado una reacción de desconfianza y rabia.

También las medidas para “mantener el orden público” están marcadas por respuestas violentas. Sólo entre el 17 de octubre y el 21 de noviembre de 2019 la institución registra 6.972 detenidos formales, pero más de 15.000 detenidos que posteriormente no fueron registrados. Se trata del mismo período en el que 11.564 personas fueron heridas por el accionar policial, 220 terminaron con heridas oculares y 1.015 con heridas de balines en el cuerpo.4 Son prácticas que se han realizado y denunciado en otras protestas y especialmente en el marco de la respuesta gubernamental a las manifestaciones del pueblo mapuche en el sur del país. Pero estas, cuando conocidas, se las vinculaba con hechos puntuales o con “errores” personales.

Desde octubre mucho cambió en Chile. Las manifestaciones se han multiplicado, diversos grupos se han organizado para enfrentar la presencia policial, vista como violenta, discriminadora, abusadora e impune. Esto último porque, frente a los diversos informes nacionales e internacionales que pusieron énfasis en la presencia de violaciones de derechos humanos y la necesidad de una profunda reforma policial, las señales de cambio son limitadas.

En este contexto se ha intentado instalar en la opinión pública la dicotomía entre derechos humanos y orden público. Es decir, algunos afirman que dados los niveles de violencia de los manifestantes, la policía tiene que reaccionar para cuidar el derecho de las mayorías, y en algunos casos esto puede implicar el uso de la fuerza que trae “daños colaterales”.

«Desde octubre mucho cambió en Chile. Las manifestaciones se han multiplicado, diversos grupos se han organizado para enfrentar la presencia policial, vista como violenta, discriminadora, abusadora e impune».

La policía puede prevenir y controlar el delito, puede también definir estrategias para controlar manifestaciones sociales. Lo que no puede hacer es resolver problemas políticos. La crisis de legitimidad policial que vive Chile en la actualidad reconoce la necesidad de transformar el sector de la seguridad, de gobernar efectivamente las instituciones policiales pero también de abandonar la criminalización de la protesta social. No sólo es necesario cambiar protocolos y mecanismos de entrenamiento, sino la perspectiva social sobre la protesta y el rol policial frente a ella. Uno que proteja a aquellos que se quieren manifestar y que no se convierta en un elemento de escalamiento de la violencia. Mientras esto no suceda seguirán las voces que reclaman por más orden público y una acción más decidida (y posiblemente violenta) de la policía cueste lo que cueste, pavimentando el camino para más violencia, conflicto y polarización.


  1. Huber, Evelyn, Jennifer Pribble, and John D Stephens (2010). “The Chilean Left in Power”. En Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings, ed. Kurt Weyland, Raúl L Madrid, and Wendy Hunter, 77–97. New York: Cambridge. 
  2. Araujo, K (2020). Hilos tensados: Para leer el octubre chileno. Santiago. Colección IDEA-USACH. Disponible en: http://milenioautoridad.cl/2020/01/06/descarga-el-libro-hilos-tensados-para-leer-el-octubre-chileno/ 
  3. Para un análisis detallado del movimiento estudiantil ver Donoso, S (2016). “Outsider” and “Insider” Strategies: Chile’s Student Movement, 1990–2014. En S. Donoso & M. Von Bulow (Eds.), Social movements in Chile: Organization Trajectories, and Political Consequences (pp.65-97). Palgrave Macmillan US. 
  4. Para más información ver en Human Rights Watch: https://www.hrw.org/news/2019/11/26/chile-police-reforms-needed-wake-protests y del Instituto Nacional de Derechos Humanos 
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Lucía Dammert: “Pocos critican el toque de queda por temor a ser vistos como culpables de un rebrote”

En: Interferencia

Fecha: 2020-09-23

Autor: Víctor Herrera

Muchos países de América Latina han recurrido a las fuerzas armadas durante la pandemia. La creciente y permanente presencia castrense ha generado cierta preocupación. “Se han levantado alertas sobre los procesos de militarización que se están viviendo, así como de la criminalización de los problemas sanitarios”, afirma esta socióloga y experta en temas de seguridad.

Ayer se cumplieron seis meses desde que se decretó el toque de queda nocturno bajo vigilancia militar en todo el territorio nacional. Si bien muchos países han sacado los militares a la calle en esta crisis sanitaria, “el problema es que se pueden usar estas medidas de resguardo para posiblemente acallar, censurar e incluso reprimir legítimos reclamos ciudadanos”, asegura Lucía Dammert, experta en temas de seguridad, académica de la Usach y directora del centro de estudios Espacio Público.

Las restricciones a varias libertades civiles y la creciente presencia militar han generado preocupación en muchos países de la región, como Nicaragua, Honduras, El Salvador, Bolivia, Perú y Ecuador. Y, claro, también en Chile.

“Muchas personas están dispuestas a limitar sus libertades a cambio de una aparente sensación de seguridad”, asegura en esta entrevista Dammert, quien entre 2015 y 2016 fue jefa de la división de estudios de la subsecretaría del Interior. “Digo aparente, porque cuando las reglas de la convivencia se escriben con control y represión, generalmente las violencias se multiplican y los conflictos se tornan estructurales”.

A continuación reproducimos la entrevista a esta socióloga, la que se realizó por escrito.

Ayer se cumplieron seis meses desde que el gobierno instauró el toque de queda nocturno. Y podría prolongarse tres meses más. ¿Hay otros países en la región con una medida similar y tan duradera?

En América Latina prácticamente todos los países que enfrentan la pandemia han utilizado en algún momento del último semestre medidas como toques de queda o confinamientos donde los militares apoyan en el control de su implementación. Las medidas son diversas, pero en general las fuerzas armadas han ganado un rol principal en este contexto dados los altos niveles de contagio dentro de las fuerzas policiales, las limitaciones de presencia y también la ineficiencia policial.

¿Hay más de política -por ejemplo, el temor a un ‘rebrote’ del estallido social- que de salud en mantener a los militares patrullando de noche?

Muchos países han recurrido a los Estados de excepción constitucional, al patrullaje militar y el aumento de la presencia policial en las calles, especialmente durante los toques de queda como mecanismo de control vinculado a la pandemia. Especialmente esta herramienta es utilizada en América Latina donde la preocupación por posibles situaciones de desorden público, así como por la incapacidad gubernamental para evitar que las personas salgan de la casa, se usan como explicaciones para los prolongados controles.

El incremento de los detenidos por temas sanitarios es también otro elemento de la criminalización de la respuesta a la pandemia. ¿De qué sirve detener a miles de personas que, por ejemplo, están infringiendo el toque de queda? Probablemente aumentan las posibilidades de contagio e incluso terminan congestionando las capacidades policiales, metiendo en la misma lista a personas que salieron a comprar con otros que estaban cometiendo un delito.

En el caso chileno es posible pensar que hay un miedo al rebrote social y al enfrentamiento en ciertos sectores entre la comunidad y la policía. Dicho eso, considero que las medidas de control permiten también limitar la evidente desigualdad en la presencia policial en los territorios, y el avance que han tenido algunas organizaciones criminales que, con o sin toque de queda, usan fuegos artificiales, usan el espacio público y desarrollan sus actividades ilegales.

¿Existe algún criterio sanitario para este extenso toque de queda, más largo aún que el de 1986/87 tras el atentado a Pinochet?

La búsqueda de la distancia física es posiblemente uno de los objetivos principales y todo parece indicar que el gobierno considera que la única forma de asegurarla en las noches es con presencia militar y limitación de los derechos de circulación. No conozco evidencia científica que reconozca en esta medida algún tipo de efectividad mayor en la reducción de los contagios. Sin embargo, se han levantado diversas alertas sobre los procesos de militarización que se están viviendo en diversos países de la región, así como de criminalización de los problemas sanitarios.

El problema central es que se usan estas medidas de resguardo para posiblemente acallar, censurar e incluso reprimir legítimos reclamos ciudadanos que pasan a ser secundarios frente a la posibilidad del contagio. Esto se ha visto en lugares tan diversos como Estados Unidos, India y Brasil.

El propio comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, aseguró en una entrevista a El Mercurio que su institución no estaba preparada para tareas policiales. ¿No debería el gobierno retirar esta medida extrema?

Hay dos procesos claros en América Latina. La militarización de las policías y policialización de los militares, y la pandemia ha abierto más espacios para que ambos procesos se profundicen. En Chile existe una perspectiva política que busca consolidar la inversión pública que se realiza en defensa para destinarla a tareas de corte policial, por eso se adelantó la necesidad de apoyo en la lucha contra el narcotráfico o el apoyo en el control de la infraestructura critica en su definición más amplia.

Sin embargo, hay declaraciones diversas por parte de miembros de las fuerzas armadas que reconocen su distancia frente a este proceso. Las mínimas hipótesis de conflicto con otros países deberían llevarnos a una reflexión nacional sobre la inversión que se realiza en defensa y la necesidad de redirigirlas hacia políticas sociales o incluso hacia la lucha contra el crimen. Aumentar misiones o funciones no es el camino para consolidar el profesionalismo de las fuerzas armadas. Las recientes compras de material de protección de tipo policiaco al menos dejan en duda estas declaraciones e intenciones de no involucrarse en la tareas de control.

¿Por qué cree que este toque de queda tan prolongado no ha sido un tema político? No he escuchado voces de la oposición alegando por estas restricciones.

Desde el regreso a la democracia los temas de militares y policías fueron prácticamente dejados de lado de las agendas transformadoras. Los altos niveles de autonomía castrense, vinculados a bajos niveles de profesionalización del mundo político, han permitido que se consoliden verdaderos espacios de autonomía en la toma de decisiones, donde el mundo civil de los ministerios juega un rol mas bien administrativo.

El mundo político de forma transversal está al debe en estos ámbitos y por eso las denuncias o críticas son mínimas. Además, en el caso de la pandemia, pocos se animan a criticar esta medida por temor a ser considerados culpables del rebrote y por ende de aumentar la crisis sanitaria. Extraño un verdadero debate-país sobre los derechos y deberes ciudadanos, sobre la necesidad de reconocer que se rompen las reglas no sólo en los sectores populares como permanente se muestra en los medios de comunicación.

Es también importante reconocer que la limitada presencia policial, especialmente en los sectores más afectados por la criminalidad, está normalizando la presencia militar, que es sugerida e incluso requerida por ciudadanos que se sienten abandonados por el Estado. Esta normalización no es positiva y debería llevar al mundo político a repensar como se está distribuyendo el personal policial y las políticas públicas necesarias para asegurar las medidas sanitarias sin tanques en las calles.

¿Incorporar a las fuerzas armadas de manera duradera en el control del orden público no puede ser algo peligroso para las democracias latinoamericanas?

El proceso de la ‘policialización’ de las fuerzas armadas es peligroso, porque ahí donde esto ha ocurrido se registran violaciones de derechos humanos, aumento de la violencia y de la corrupción institucional. Los militares no están preparados para controlar el delito y mucho menos para controlar protestas y manifestaciones.

Estamos en un continente donde cada día más personas creen que se puede reducir la democracia para asegurar la seguridad; es decir, muchos están dispuestos a limitar sus libertades a cambio de una aparente sensación de seguridad. Digo aparente, porque cuando las reglas de la convivencia se escriben con control y represión, generalmente las violencias se multiplican y los conflictos se tornan estructurales.

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Lucía Dammert: “La ley no es igual para todos y esto es muy claro en el orden publico”

En: Radio UChile

Fecha: 2020-09-06

Autor: Camilo Villa

La experta en seguridad no ocultó sus sospechas de que el actual Ejecutivo decide el nivel de represión de las manifestaciones basado en su afinidad ideológica para con las demandas, lo que, en su opinión, conlleva una evidente discriminación y genera frustración en la ciudadanía.

Ocho detenidos y decenas de personas afectadas por el chorro del carro lanzaguas, dejó una manifestación de los técnicos en enfermería en las inmediaciones de Plaza Baquedano. Las funcionarias y funcionarios de salud exigían su inclusión en el Código Sanitario.


Pese a que los manifestantes reclaman que “no se lanzó ninguna piedra”, la represión policial se hizo sentir con fuerza en esta ocasión, lo que ha generado diversas criticas por el trato diferenciado de la institución uniformada hacia distintas manifestaciones.


Ejemplo de ello fue la actuación que tuvo Carabineros frente al paro de camioneros, en que se cortaron carreteras y se interrumpió la cadena de abastecimiento. A ellos no se les detuvo, ni siquiera se le aplicaron leyes como la Anti Barricadas pese al evidente bloqueo de caminos. Al respecto, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Lucía Dammert, socióloga y experta en seguridad, quien responsabilizó a las autoridades del Gobierno por el actuar de una institución que, al menos en teoría, no es autónoma.

“Las decisiones de Carabineros respecto del orden público tienen una responsabilidad política clara, que en el caso de la Región Metropolitana es el Intendente, luego el subsecretario del Interior y el ministro del Interior. Cuando hay una persecución por un hecho criminal o algo relacionado con la prevención del delito, efectivamente, podría haber mayores niveles de autonomía, pero, en este caso, me parece que hay mucha más responsabilidad política que policial”.


La académica de la Universidad de Santiago puntualizó en que el Gobierno no entrega las señales correctas con respecto del criterio para reprimir manifestaciones, a lo que se hace necesario salir a dar explicaciones. “Como hemos visto desde hace muchos años, la ley no es igual para todos, y esto es muy claro en términos del orden público, pues parece que los camioneros no lo subvierten, para ello no hay leyes antibarricadas, no tienen expresiones antidemocráticas, no son perseguidos, sin embargo, otros manifestantes sí. Este es un súper mal antecedente que está dejando el Gobierno, el cual me imagino tendrá que salir a explicar”.

Por otra parte, Dammert no ocultó sus sospechas de que el actual Ejecutivo decide el nivel de represión de las manifestaciones basado en su afinidad ideológica para con las demandas, lo que conlleva una evidente discriminación y genera frustración en la ciudadanía.


“Quisiera creer que no, pero pareciera que aquellos que tienen una cercanía política, estratégica, ideológica con el Gobierno, tienen más permiso para saltarse el toque de queda, para saltarse las medidas sanitarias, para bloquear carreteras, y aquellos que reclaman por cosas que el Gobierno no considera que son de su cercanía, tienen de respuesta guanacos, agua con químicos, gases lacrimógenos. Esto es un pésimo antecedente, pues aumenta los niveles de frustración de la gente. La ley dura pareja es aceptada por la ciudadanía, pero cuando uno se da cuenta que la leyes A pero para otros es Z, se aumentan los niveles de frustración y ansiedad en la población”.


El tema no ha pasado desapercibido. De hecho, la Democracia Cristiana confirmó su intención de acusar constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez, por el actuar diferenciado de Carabineros. Para la experta, la eventual acusación sería una señal política importante, ya que los espacios de diálogo y debate con el Gobierno están gastados y, pese a que no cree que dicha acción promovida por la DC llegue a cumplir su objetivo, al menos permitiría que estas situaciones no pasen desapercibidas.