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Seguridad Ciudadana y Nueva Constitución

En: Friedrich Ebert Stiftung

Resumen: El presente informe se divide en cinco secciones. En primer lugar, presentamos una descripción de las tendencias de inseguridad y criminalidad en el país, seguido del análisis de las barreras establecidas para la construcción de la policía democrática, en segundo. La tercera y cuarta secciones se concentran en propuestas concretas de cambio constitucional y de transformación policial. Finalmente, se reconoce la necesidad de la construcción de un camino constituyente en seguridad pública.

Fecha: 2020-11-01

Autor: Lucía Dammert & Eduardo Vergara

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Entrevistas

“En Chile no hubo una división izquierda-derecha, sino una división de clase”

En: La República Perú

Fecha: 2020-11-01

Autor: Emilio Camacho

Lo que empezó hace un año con una protesta estudiantil por el alza de pasajes en el metro de Santiago, llevó el último fin de semana a todos los chilenos a definir en un plebiscito si querían que la Constitución pinochetista fuera cambiada. El resultado ha sido contundente. Un 80% de chilenos prefiriera una nueva carta magna.

¿Por qué el país que servía como modelo en la región ha dado este paso radical? Lucía Dammert lo explica en esta charla.

Según el ministerio de Salud de Chile, el domingo 25 de octubre, cuando se llevó a cabo el plebiscito, hubo 1.540 casos nuevos de COVID-19 y 52 decesos. Chile, como otros países de la región todavía no ha salido del primer brote de la pandemia, ¿cómo es ir a votar en esas circunstancias?

Efectivamente, todavía no salimos de la primera ola pero los niveles de contagio están bastante más controlados de lo que estaban en junio o marzo, donde habían 300 muertos por día y donde los niveles de congestión en el mundo médico eran muy altos: nos estábamos quedando sin camas para las urgencias. Hoy, esos dos indicadores están más bajos. Además, se instalaron muchos mecanismos de protección para esta votación. Por lo menos cinco que son importantes de reconocer. Uno, disminuyeron la cantidad de mesas en cada colegio. Dos, se instaló un horario preferente para los adultos mayores. Tres, las mesas de votación estaban fuera de los salones de clase, en espacios abiertos o con mucha ventilación, con lo cual se evitaba el encierro, que es uno de los principales factores de contagio. Finalmente, había alcohol gel en las entradas y cero contacto. Uno debía llevar su propia lapicera para firmar y no se pedía la huella digital. Había una distancia entre el encargado de mesa y el votante de unos dos metros. Y si el primero tenía alguna duda, te pedía que te quites la mascarilla por unos segundos.

¿A usted se lo pidieron?

En mi caso no lo hicieron. Además, los encargados de las mesas eran más jóvenes. No había encargados mayores de 60 años. Y por eso la gente fue a votar con mucha tranquilidad. La principal medida fue esta que ya te dije: no tener a cinco mil personas votando en el mismo colegio, sino dividir esa cifra en varios colegios.

Los que detestan los resultados de esta votación dicen que fue alentada por el chavismo y hasta por el castrismo, que la izquierda continental es la gran vencedora de este plebiscito, ¿es eso cierto? ¿no es posible que un elector que está en las antípodas de la izquierda, un votante de Piñera, votara por una nueva constitución?

Sí, de todas maneras. A los que les encanta hablar del chavismo y el comunismo son gente que se quedó en los 70, que probablemente lo que hacen es disfrazar el miedo a perder sus privilegios. Probablemente estas campañas anticomunistas son a estas alturas un tupido velo para no ver la realidad. Acá en Chile, lo que ha habido no es una división izquierda-derecha, sino una división de clase. Y la gente trabajadora, el 80% de la población, que ha votado a favor de cambiar las cosas, es la gente que probablemente votó por un alcalde de derecha. Es la gente que cree que el Estado debe ser más fuerte, que el agua no debe ser privada. Y esa gente puede haber votado por el presidente Piñera. Es mentira que en Chile la derecha solo representa al 20%, es bastante más. Por eso es ridículo pensar que el 80%, los que votaron por cambiar las cosas, es de ultraizquierda. Lo que hay que ver ahora es qué pasa al día siguiente. Hay que hacer que esa gente que votó se sienta representada por un discurso político y eso es más difícil cuando uno tiene una crisis de representación de los partidos. Lo que espera la gente es que los nuevos constituyentes representen a Chile y no solo a un grupo que mal que bien, de izquierda y derecha, ha gobernado el país por 30 años.

¿Diría entonces que los ciudadanos chilenos han conseguido el viejo anhelo que se resume en el eslogan: “Que se vayan todos”?

Sí y no. Lo que en realidad está pidiendo la población es que entremos todos. Hay esta cosa de que hay un pequeño grupo de la población, que está localizado además en los tres únicos distritos en los que perdió el apruebo (el cambio de Constitución), donde viven los dueños de los medios de comunicación, donde vive el poder económico, la mayoría de los políticos. Y la ciudadanía lo que dice es: “Lo que yo veo no es lo que se dice en los medios, lo que yo sufro no es lo que se refleja en los datos promedio del país”. Necesitamos repolitizar la conversación. Esto no es como Argentina, cuando se dijo “váyanse todos y luego vemos qué hacemos”. Acá hay una ciudadanía que ya no se compra el cuento de que Chile es un modelo de país desarrollado.

Eso es interesante. Acá se repiten hasta el cansancio las bondades del “modelo chileno”, pero parecía que solo era un discurso hacia afuera.

No, no, también se escuchaba adentro. Mire, hace un año, en octubre empezó el estallido social, pero dos semanas antes el presidente Piñera dijo en una entrevista a un diario norteamericano que Chile era un oasis en medio de una turbulenta América Latina.

Y de pronto cayeron las protestas y de paso la pandemia.

Claro. Es que es un problema cuando los políticos se juntan solo con gente que les dice que lo están haciendo muy bien, cuando pierden contacto con el mundo real, que era un mundo más hacinado y con más necesidades, con gente a la que le afecta el incremento, aunque sea marginal, del costo del transporte. Y lo que pasaba es que mucha gente de la elite se creía el cuento del modelo, porque salía en los medios de comunicación, que también son de la elite.

Ahora, ha mencionado un dato interesante, las tres únicas comunas en las que triunfó el voto en contra de la nueva Constitución son las que concentran la mayor riqueza y el mayor nivel educativo en todo Chile, ¿vivían estas personas en una burbuja?

Bueno, es que ese es el modelo neoliberal, donde un porcentaje chiquito se lleva muchísimo y donde la gran mayoría sobrevive. Donde ese porcentaje chiquito puede irse de vacaciones o comprar con su tarjeta de crédito un televisor gigantesco.

O simplemente no ha sentido los efectos de la pandemia.

Claro, pero incluso antes de la pandemia se veía eso. Y la desigualdad siempre viene de la mano del trato injusto, de la discriminación. Entonces, el país que funcionaba bien en el promedio, y tenía una elite que concentraba la mayor parte del poder político y económico, y que además es una elite muy pequeña, muy vinculada, muy familiar, que solo va a cinco colegios y tres universidades, al final del día se enfrentó a una sociedad que crecía al margen de ella misma.

Ha mencionado el tema de la discriminación, ¿Chile es un país discriminador?

Bueno, los estudios muestran que parte importante de la gente se sentía maltratada y discriminada. Discriminada porque si ibas a buscar trabajo y no venía de una de esas universidades, no lo ibas a encontrar. O porque si no pertenecías a ciertos grupos, nunca ibas a crecer. Entonces, eso que se había naturalizado emergió con mucha rabia el año pasado.

Ahora, la protesta es entendible, pero, ¿no es una utopía creer que un país pueda dejar atrás la desigualdad cambiando solo la Constitución?

En el caso chileno, donde la Constitución fue hecha durante la dictadura, diseñada para el modelo neoliberal, donde el Estado tiene un rol secundario, donde se privatizó el agua y las fuerzas armadas y la policía tienen espacios de protección, se fue constituyendo el caso de que parte importante para hacer la reforma es el cambio constitucional.

¿Cómo definiría al movimiento ciudadano que ha conseguido este cambio, que es un movimiento que no tiene un caudillo? ¿Alguien va a poder capitalizar esta votación?

Bueno, el próximo año es súper electoral en Chile. Tenemos desde la elección de alcaldes hasta la elección presidencial y efectivamente en política los espacios nunca quedan vacíos. Queda todavía la duda de quién va a tener la capacidad y la habilidad para llenar ese espacio. Algunos menos optimistas dicen que van a ser los mismos de siempre, en una versión renovada. Y otros más optimistas piensan que habrá un nivel de transformación

Usted estudia el fenómeno de la seguridad ciudadana, ¿qué sienten los chilenos por su policía? ¿Le temen o la respetan?

Mira, este es un proceso. Por muchos años, hasta hace como cinco años, la policía de carabineros era la más querida en Chile, por encima de cualquier otra institución. Pero empezó una crisis que tuvo como punto de inicio lo que ocurrió con la iglesia católica, que entró en crisis por la pedofilia. Acá vino el Papa y casi nadie fue a verlo. Luego vinieron los militares, a los que se les conocieron casos de corrupción. Y finalmente vino la policía, a la que no solo se le descubrieron casos de corrupción sino casos de abuso. Y en el último año, violaciones de derechos humanos. Ese contexto ha hecho que sus niveles de aprobación caigan sustancialmente, pero por supuesto que aún están muy por encima del mundo de la política.

El fantasma de la represión se asomó hace unos días cuando se vio aparentemente a un carabinero arrojando a un manifestante por un puente. ¿Eso llegó a aclararse?

Ese caso está en la justicia, pero la fiscalía ha pedido prisión preventiva y ha demostrado que hubo intención de arrojar al río al muchacho. De allí en adelante se demostró que diversos carabineros mostraron información equivocada en la prensa. Además, se determinó que ese carabinero no llevaba la cámara de cuerpo. La fiscalía lo tiene detenido y la institución policial lo echó por no cumplir con los protocolos

¿Se pregunta por qué no ocurre en Perú lo que ha ocurrido en Chile? ¿Por qué la indignación no se manifiesta en las calles?

Es difícil saberlo, pero creo que en el Perú el nivel de despolitización es muy grande. La movilización ciudadana ha sido llevada a un escenario muy poco sofisticado. El mundo de la elite política juega permanentemente con los sentimientos de la población y los lleva por ese lado de la conversación y no por el del rol del Estado. Y en paralelo, el Perú ha crecido mucho, y los jóvenes hijos del desarrollo económico que estuvieron en universidades que no estaban debidamente acreditadas probablemente no recibieron la capacitación para discutir si el sistema está bien o no. Además que en el Perú todavía funciona la estrategia de llamar comunista a todo aquel que dice que el Estado debe ser más fuerte. Es complejo, si quieres salimos de los temas políticos. Uno se pregunta por qué el movimiento feminista no logró sostener un nivel de movilización más alto con la cantidad de violaciones que hay en el país. Salieron una vez a marchar y luego se perdió el ímpetu. Y eso tiene que ver con la sensación que tienen los peruanos de que todo se debe arreglar solo, que no debe esperar nada del Estado. Creo que los peruanos tienen la mirada más resignada respeto del rol del Estado que la que hoy día tienen los chilenos.

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Seguridad Ciudadana: En la medida de lo posible

En: The Clinic

Fecha: 2018-07-28

Autor: Lucía Dammert

La académica de la Usach analiza los dos últimos eventos que marcaron la agenda de seguridad esta semana.

Dos eventos marcaron la agenda de seguridad la semana pasada. El jueves la comisión presidencial entregó una propuesta de 150 medidas, 71 de las cuales se vinculan con la especialización de las funciones policiales. El fin de semana, el gobierno festejó la nueva ronda policial que terminó con 4572 personas detenidas y con los principales voceros del gobierno autofelicitándose por los resultados. Dos caras de una misma moneda dirán algunos.

Más bien, señales confusas para las políticas de seguridad ciudadana que reconocen los problemas de fondo, pero a la vez saben que la seguridad requiere de un fuerte componente comunicacional. Pasamos de “se acabó la fiesta para la delincuencia” del primer gobierno; a la declaración del ministro del Interior “ahora hay una actitud más dura, hay una mano más decidida”. Sin duda, la seguridad aún, políticamente, vende. La comisión presidencial entregó un informe valioso. Cabe reconocer que debe ser el primer informe, propuesta de gobierno o declaración desde los 90 que no parte por pedir más personal policial. Eso ya es un avance. Si bien la mayoría de las 71 medidas son de tipo burocrático, es decir solicitar comisiones, estudios, planes, capacitaciones; las hay también vinculadas con un mejoramiento directo de las tareas policiales.

El informe también evidencia el profundo descontrol que existe hoy sobre el accionar policial. Se solicita que ojalá se entreguen los datos de dotación policial, que entreguen hojas de ruta, informes de gestión, propuestas de capacitación, de indicadores, entre varias otras iniciativas. Todas importantes, la mayoría ya se realizan, pero con altos niveles de autonomía. ¿Cómo resolver la burocratización de los procesos? De eso no dicen nada las medidas, tal vez alguno de los varios comités, consejos y grupos destinados hacer los diagnósticos expliquen a la brevedad los pasos a seguir y cómo medir los resultados. Hay que ser claros, desde los 90, los ofertones de seguridad han sido poco analizados y evaluados. Esperemos que esta sea una oportunidad para cambiar.

El informe evidencia también que hay una diferencia sustancial entre lo que algunos entendemos por “policía democrática” o el ejercicio real del “control civil” sobre las policías y lo posible hoy en Chile. A pesar que el informe dice “se debe definir y limitar aquellos espacios de autonomía de las instituciones policiales que hoy impiden o dificultan su necesario control”, luego poco se exige, mucho se solicita. Poco se trabaja en conjunto, mucho se esperan resultados.

Las medidas vuelven a caer en un problema serio, solicitar a las policías que hagan cosas para la posterior aprobación ministerial. Un gobierno de la policía debería definir criterios, trabajar en conjunto, pero marcar los énfasis y prioridades. Al parecer, las propuestas están aún en la época de “en la medida de lo posible”. Un ejemplo clarifica la situación. Se solicita abrir espacios para contratar profesionales dentro de las instituciones, gente experta que pueda aportar en la mejor definición y administración de las tareas policiales. No es claro que sea realmente una necesidad considerando los miles de contratos que hoy tienen ambas instituciones. Pero más allá del gasto ineficiente, lo grave es que necesitamos contratar civiles expertos para el Ministerio del Interior y otras dependencias públicas para que desde ahí se definan las contrapartes y experticias. Parece un detalle, pero un experto en administración en una institución jerárquica, poco transparente y autónoma no nos ayudará a cambiarla.

Luego de la Operación Huracán, de la asociación ilícita que se organizó dentro de Carabineros, de los magros resultados de muchos de los proyectos estrella, de las constantes denuncias de abuso, de los bajos niveles de confianza de los sectores más vulnerados del país, estábamos ante una oportunidad de oro. A 11 metros del gol pateamos a las graderías. Demás está decir que existen múltiples observatorios de buenas prácticas, que los gobiernos han realizado diversos estudios que deberían ser públicos y podrían ser parte de la toma de decisiones, que aún no es claro que los programas que se proponen expandir sean realmente beneficiosos o que se requieran becas de perfeccionamiento en el extranjero para funcionarios policiales. Todas medidas interesantes y de largo aliento. Tal vez por eso el gobierno cerró su semana con la redada y optó por entregar esas cifras antes que discutir las medidas. Los miles de detenidos muestran la mano dura, la capacidad del gobierno de enfrentar un problema que efectivamente preocupa a la mayoría de chilenos. Números que, además, logran aumentar el silencio de la oposición frente a un tema donde se sabe que estamos al debe. Ahora nos queda esperar los resultados concretos de las 71 medidas definidas en el acuerdo transversal donde participaron todas fuerzas políticas y algunos expertos. Esperamos el cronograma, una vez más, solo en la medida de lo posible.

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¿Discurso seguro?

En: The Clinic

Fecha: 2018-06-09

Autor: Paula Vial

El Presidente Piñera habla con firmeza cuando se refiere a la seguridad ciudadana. Aprendió de su primer gobierno que los slogans grandilocuentes sólo generan frustración y que terminar con la delincuencia requiere mucho más que buenas intenciones y acciones focalizadas. Tuvo un logro clave al iniciar su gobierno al acabar con el triste reality en el que se había convertido la crisis de liderazgo en Carabineros, y le sacó partido. En su discurso mencionó el cambio de General Director y el pase a retiro de más de 15 generales. Medida necesaria. Pero insuficiente, pues no entrega pistas sobre cómo fortalecer el gobierno civil en seguridad, cómo evitar la corrupción al interior de la institución policial y sobre todo cómo fortalecer los controles a los millonarios presupuestos que año a año se entregan para prevención y seguridad. ¿Descentralización en la toma de decisiones policiales? ¿Plan cuadrante? ¿Quién investiga? ¿Aumento de la efectividad policial? Son algunas de las preguntas que quedaron pendientes. Algunas de ellas podrán ser respondidas en el informe que entregue la Mesa de trabajo en seguridad, en 90 días más. Sin embargo, y no obstante ser una instancia positiva, sabemos que no podrá entregar respuesta a todos los problemas que enfrentan hoy las políticas de seguridad, especialmente los que dicen relación con la gestión del Ministerio del Interior y que como hemos indicado en anteriores columnas, requiere de urgentes y profundos cambios.

Sólo por mencionar algunos ¿qué ocurre con Senda? No sólo tiene una responsabilidad enorme sino también un presupuesto acorde a sus tareas, sin embargo hoy no aparece con roles claros en la trama de la seguridad. O en acceso ciudadano a seguridad de urgencia ¿es necesario tener más de 10 números telefónicos para comunicarse con la seguridad? Para definir estas materias no se requiere una Mesa de trabajo intergubernamental y multipartidaria, sino voluntad clara de reorganización de las tareas cotidianas. En su discurso, el Presidente en reiteradas ocasiones señaló que una de sus prioridades es “hacer retroceder la delincuencia, el narcotráfico y el terrorismo” poniendo en un mismo nivel de prioridad tres fenómenos diferentes. Y dejando de lado tal vez el principal problema: las violencias que están definiendo nuestra cotidianeidad y que determinan la forma como nos vinculamos socialmente. Salvo en aquello que se anuncia como una cultura de tolerancia cero frente a todo tipo de violencia, abusos, acosos, discriminaciones arbitrarias o mal trato a la mujer, y que aplaudimos, aunque requiera de muchas más precisiones.

Dentro de lo que indica como avances, el Presidente menciona dos propuestas de Ley: combatir los portonazos, penando a aquellos que compren autos robados y asegurar que se considere como agravante, la reincidencia de los adolescentes. Ambas definiciones de impacto principalmente mediático pues se trata de materias que ya están normadas y sancionadas. Al Presidente le gusta la tecnología en seguridad. Siguiendo el esquema de su gobierno anterior, propone un Sistema Táctico de Operación Policial (STOP) que nuevamente desarrollará mecanismos de definición policial basados en las denuncias. Claro que las encuestas son claras en afirmar que menos de la mitad de los hechos delictuales se denuncian y que en la mayoría de los hechos con violencia este porcentaje es aún más bajo. No es negativo tener estos sistemas, pero no esperemos que potencien la coordinación policial, porque para eso se requiere de poder civil que defina las prioridades y convoque voluntades de coordinación con el Ministerio Público.

Una vez más el Presidente reitera la importancia de las “Rondas Preventivas de Vigilancia” en las que se ha detenido a más de 12 mil sospechosos, en solo tres salidas policiales masivas. Esto se viene haciendo en los últimos tres gobiernos y no hay ni un indicio serio que evidencie efectividad. ¿Qué ha sido de esos 12 mil detenidos? ¿Cuántos siguieron algún proceso posterior? ¿Por qué tipo de delito tenían orden de detención pendiente? ¿Cuál es el costo/oportunidad de sacar a miles de carabineros en estas redadas en vez de patrullar los barrios más vulnerables del país? Nadie sabe.

Por otro lado, se pone el acento en las comisiones que se han conformado para presentar proyectos de ley tanto de un nuevo Código Penal (ya mencionado en anterior columna) como de las modificaciones que pueda requerir el sistema procesal penal, pronto a cumplir dos décadas. Y se compromete el reimpulso de las urgentes y necesarias modificaciones al sistema penitenciario. Son tres ámbitos en los que habrá que estar muy atentos, para exigir premura, eficiencia y eficacia en sus resultados.

También se anuncia una agenda con relación a la incorporación de políticas de DDHH, especialmente en los grupos más vulnerables, que completaría con el sistema de Alerta Temprana de la Infancia. Se trata de pendientes no sólo imprescindibles sino apremiantes, por lo que no bastarán los titulares. Finalmente, en el discurso se mencionan las nuevas tecnologías para comunas pobres y vulnerables como drones y cámaras de vigilancia. En relación con los primeros, hay que indicar que no queda claro para qué podrían ser utilizados efectivamente, y sobre las segundas, hay que destacar que han sido instaladas por ya más de una década y los resultados son ínfimos en términos de prevención.

El discurso presidencial, como la mayoría de discursos de los últimos años en seguridad ciudadana, se llena de lugares comunes y propuestas mediáticas. Esperemos que en los anexos al discurso, la letra chica establezca el camino por el que transitaremos hacia una política pública seria, basada en evidencia y reconociendo las prioridades nacionales para lograr una sociedad más segura y justa. Lucía Dammert – Académica Universidad de Santiago Paula Vial – Académica Derecho UC y miembro de Comisión de Reforma Procesal Penal